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La limitación de pago en efectivo podría afectar a más de 600.000 operaciones de usados

La prohibición de realizar pagos en efectivo a partir de 2.500 euros en aquellas operaciones en las que intervenga un profesional, que entra en vigor desde hoy lunes, podría afectar al 36% de las ventas de usados, lo que supone en volumen más de 600.000 operaciones anuales, según las estimaciones de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (GANVAM).

Según el Libro Blanco del VO de Ganvam, la crisis y la falta de financiación han aumentado los pagos al contado en estos últimos años, hasta el punto de que el 52% de las operaciones de compra de particular a profesional se realizan ya al contado y nueve de cada diez superan los 2.500 euros de media.

La asociación explica que en la actualidad el 40% de las compras de vehículos de segunda mano se realizan a un profesional, mientras que el 60% restante está en manos de particulares. Así, concesionarios y compraventas son responsables del 36% de estas transacciones, mientras que las empresas de rent a car tienen una presencia en el mercado del 4%.

Para el presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, “la nueva limitación del pago en efectivo aportará mayor transparencia al mercado de usados y frenará el fraude fiscal. Al tener que realizar los pagos superiores a 2.500 euros utilizando medios de pago diferentes al metálico, como por ejemplo, transferencia, ingreso en cuenta o cheque bancario, habrá mayor control sobre operaciones que antes quedaban fuera del alcance del fisco. Además de limitar el fraude fiscal, se pondrá freno a la competencia desleal de los que defraudaban, frente a una abrumadora mayoría de empresas que cumplen correctamente sus obligaciones tributarias con Hacienda”.

Ganvam mantiene desde hace años un convenio de colaboración con la Agencia Tributaria para la prevención y lucha contra el fraude en el sector del automóvil y, más concretamente, en las operaciones de adquisición intracomunitarias de vehículos e importaciones que se realizan sin cumplir con las obligaciones fiscales en el ámbito del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre el Valor Añadido.

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